La tarde del pasado martes, 23 de agosto de 2022, fue aprobada Quintana Roo la iniciativa de Ley Vicaria, con 15 votos a favor, con un Dictamen con minuta de Decreto reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en el Código Civil y el Penal del estado.
Éste proyecto legislativo fue promovido por Kira Iris, diputada presidenta de la Comisión de Justicia en la XVI Legislatura, desde el pasado 24 de mayo, buscando que Quintana Roo fuera el séptimo estado en tener dicha Ley en protección aquellas víctimas de violencia en el núcleo familiar.
“La violencia contra las mujeres tiene mil caras, mil maneras de expresarse. Se ejerce en las escuelas, en los hogares, en los centros de trabajo, en las calles y desde las instituciones. Cada día las mujeres experimentan diversas formas de violencia, en un contexto de tolerancia social apabullante. Vivimos en una sociedad que violenta mujeres y que se resiste a reconocerlo”, expresó Kira Iris, citando a Arturo Zaldívar Ministro de la Corte.
Quintana Roo tiene nueva Ley y se podrá denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) los actos de violencia vicaria que cometen personas que mantuvieron una relación afectiva o sentimental con la víctima, pero que además utilizan a sus hijos como instrumento para causarles aun un daño mayor.
Kira Iris, urgió al Poder Ejecutivo para que se publique lo más pronto posible el decreto de las modificaciones a las leyes para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para frenar la escalada de casos de violencia vicaria que se tienen registrados en Quintana Roo.
Además, reconoció al Frente Nacional de Mujeres y de las mujeres que lo conforman, quienes compartieron sus experiencias; también destacó las aportaciones de distintos grupos de la sociedad civil que pugna por la familia y el bienestar de niños y jóvenes.
Por último, agradeció a sus compañeros legisladores, ya que después de muchas opiniones construyeron consensos, analizaron propuestas y al final coincidieron en que querían aportar a la sociedad quintanarroense un marco jurídico que atendiera esta conducta de frenar la violencia.