México, 11 de octubre de 2024.- Paro del Poder Judicial ha costado más de 9 mil 600 mdp, señaló Lenia Batres. El paro laboral en el Poder Judicial de la Federación (PJF), que ya se extiende por 51 días, ha ocasionado un daño económico significativo al erario, estimado en 9 mil 629 millones 535 mil 114 pesos, según lo informó la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, en entrevista para el noticiero Punto de Referencia.
Además Batres señaló que la reforma al Poder Judicial, ya aprobada e incorporada en el texto constitucional, no puede ser combatida mediante ningún recurso legal que exista actualmente en la legislación mexicana.
Este paro, que afecta a Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, ha tenido consecuencias tanto financieras como en el retraso de procesos judiciales que afectan a miles de personas en todo el país.
Durante la entrevista, Batres señaló que “el paro tiene un costo altísimo, no sólo en términos de recursos, sino también para la ciudadanía“, al explicar que este periodo ha dejado 440 mil juicios de amparo pendientes de resolución.
Además, la Fiscalía General de la República informó que al menos 10 mil audiencias penales han quedado suspendidas, incluyendo vinculaciones a proceso, lo que retrasa el acceso a la justicia.
Este paro, según Batres, está encabezado en gran parte por asociaciones civiles de jueces y magistrados, así como por trabajadores de confianza que esperaban ascensos en sus puestos.
“De los 45 mil trabajadores que integran el sindicato del Poder Judicial, la gran mayoría no ha participado en este paro” afirmó Batres.
Divisiones internas y votaciones
La ministra destacó que, en las últimas votaciones realizadas por asociaciones de jueces y magistrados, el número de quienes se oponen al paro ha crecido significativamente.
“En esta última votación, más de 500 jueces y magistrados ya votaron por suspender el paro”, afirmó Batres, lo que muestra una clara tendencia hacia la reanudación de actividades.
Asimismo, dentro del Consejo de la Judicatura, la votación para continuar con el paro tampoco ha sido unánime, lo que refleja una creciente fractura en torno a la prolongación de la suspensión de labores.
La ministra también cuestionó la legalidad de las suspensiones. A pesar de la falta de consenso dentro del Consejo de la Judicatura, se han autorizado días inhábiles para prolongar el paro, aunque Batres subraya que “este paro no tiene fundamento legal, laboral ni orgánico“.
Consecuencias para la ciudadanía
La ministra subrayó que el costo no sólo se mide en términos económicos, sino también en el perjuicio que este paro ha causado a la ciudadanía.
“Cada proceso judicial detenido afecta a personas que esperan una resolución a sus problemas legales”, mencionó Batres, haciendo hincapié en la gravedad de la situación.
Con información de Once Noticias Digital https://tinyurl.com/3s69rk4z
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