México, 09 de agosto de 2024.- Concluyen los Diálogos Nacionales para la reforma al Poder Judicial. Este jueves 8 de agosto concluyeron los Diálogos Nacionales para la reforma al Poder Judicial, la cual fue presentada el pasado 5 de febrero por el presidente López Obrador, estos conversatorios a parlamento abierto contaron con la participación de diputados, senadores, ministros, magistrados, jueces, abogados, académicos, secretarios de Estado y especialistas en el Poder Judicial.
Durante el noveno foro de este día, el cual se llevó a cabo en Sinaloa, se discutió el tema “impartición, procuración de justicia y seguridad pública”, en el cual se destacó que no se puede realizar una reforma judicial sin considerar ambos temas, pues se dijo que la seguridad pública y las fiscalías son quienes se encargan de la procuración de justicia.
El diputado local de Sinaloa por Morena, Feliciano Castro Meléndrez, quien además es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, se pronunció en favor de la reforma judicial y señaló que México podría ser el primer país en el mundo en hacerlo con la dimensión que se busca, ya que, dijo que la gente no está contenta con la justicia. Además, señaló que la reforma busca trascender la indiferencia, la lejanía, la actitud inhumana y la frialdad que habita en los despachos donde se redactan las sentencias.
El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, Jesús Iván Chávez Rangel, confirmó que hay un reclamo para que en el Poder Judicial haya paridad de género, y expuso que los Diálogos Nacionales fueron ejercicio que puso a prueba el compromiso de los actores involucrados en impartir justicia en México. Asimismo, señaló que lo valioso de estos diálogos fue generar una participación para entender a detalle la posición de quién esté de acuerdo para entender con mayor claridad la circunstancia de los juzgadores.
Por su parte el senador de Morena, Ricardo Monreal, destacó que justicia de ver vista no solo como un derecho sino como un pilar sobre el que se debe edificar el respeto a la ley y la equidad de la sociedad. El funcionario mencionó que no puede haber una reforma judicial sin la discusión sobre seguridad pública y la procuración de justicia. Además, Monreal expuso que, en la procuración de justicia, la cual es la encargada de investigar, perseguir y sancionar los delitos en representación de la sociedad; se debe incluir a los ministerios públicos, agencias de investigación y a las fiscalías.
Monreal dijo que la situación sobre la falta de impartición de justicia y la seguridad pública presenta desafíos en México, ya que, según el senador hay un déficit muy delicado en estos rubros, ya que hay una ausencia de una verdadera independencia de las autoridades impartidoras de justicia.
Durante su participación en este foro, el diputado de Morena, Ignacio Mier Velazco, explicó que la seguridad pública y la defensoría de oficio son fundamentales para que se incluyan en la revisión integral y puntual de todo el sistema de impartición de justicia en México. Mier reveló que de los más de 2 millones y medio de asuntos que se resuelven en el Poder Judicial, el 72% son atendidos por un defensor de oficio, quienes tienen “sueldos malos, falta de articulación, y con más de 800 asuntos por defensor”, por lo cual, dijo que se deben tocar estos temas.
El diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que el tema de la seguridad en México y la procuración de justicia es fundamental para entender lo que se pretende hacer con la reforma judicial, ya que, lo que se quiere es que cambien los criterios judiciales, los criterios con los que se imparte justicia en el país. Robledo Ruiz también señaló que no se puede sustraer la seguridad pública del Poder Judicial, sin embargo, mencionó que se ha estado haciendo desde hace muchos años.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que México requiere una reforma de derechos, por lo que mencionó que el punto toral de la reforma judicial es el acceso a la justicia y el derecho del pueblo a decidir con su voto quiénes serán los jueces, ministros y magistrados, así como los fiscales de los estados.
Moya apuntó que “es necesaria una reforma para el pueblo porque hoy día, la distancia entre las personas y sus tribunales es abismal, no se puede administrar justicia aislados de la ciudadanía. La justicia sin el pueblo no existe es entelequia”.
A través de un video, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expresó que la reforma constitucional del Poder Judicial que se propone busca una correcta impartición de justicia y que las decisiones de los juzgadores sean imparciales, honestas y apegadas a los derechos humanos.
“La reforma será un parteaguas en la historia contemporánea de México. Ministros, jueces y magistrados pueden recuperar, con una actuación probada, la credibilidad perdida”, dijo Rodríguez.
Además, Rosa Icela Rodríguez mencionó que algunos temas relevantes a considerar en la reforma es que se debe continuar trabajando en mecanismos ágiles para otorgar preliberaciones y amnistías a indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, con discapacidad o víctimas de tortura.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana expresó durante la reforma judicial se debe considerar el trabajo diario y coordinado de las secretarías de Seguridad, Defensa Nacional y de Marina, así como la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto y las fiscalías estatales.
Mencionó que en la actual administración federal esa coordinación ha permitido cumplimentar y ejecutar órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales contra 7 mil 992 objetivos criminales generadores de violencia de todos los grupos delictivos; sin embargo, lo realizado para lograr la captura de una persona vinculada a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco “se desmorona cuando un juez decide otorgarle un amparo y dejarlo en libertad argumentando deficiencias en la investigación o a veces mero formalismos”.
La secretaria de Estado consideró que hay un marcado favorecimiento de jueces y magistrados a delincuentes, lo que genera impunidad y afecta gravemente la seguridad nacional y manifiesta una falta de sensibilidad hacia las víctimas a quienes niegan el acceso a la justicia.
“Si las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia trabajan juntas en beneficio de la población, habrá mejores resultados y la ciudadanía se sentirá segura, pero eso solo será posible con una reforma que cambie la manera de cómo se administra la justicia en nuestro país”, declaró la secretaria.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Ignacio Moreira Valdez, planteó la necesidad de incluir en la iniciativa de reforma la obligación de tener leyes para el ejercicio de la abogacía y mejorar la justicia al tener una mejor defensa, litigio y abogados que puedan incorporarse a los poderes judiciales. Además, consideró que la reforma debe ofrecer un presupuesto más federalista.
Rubén Moreira señaló que es importante hablar de una mejora en la legislación estatal y federal para defender a la gente en aspectos sobre cómo garantizar que el ciudadano que no puede recurrir a un abogado particular tenga la garantía de que va a ser defendido en iguales circunstancias. “Ojalá podamos dar el paso a una reforma de justicia y no solo a una de la estructura y la selección del Poder Judicial”, declaró el diputado.
Ernestina Godoy Ramos, senadora electa de Morena, propuso garantizar que quienes estén en la boleta para ocupar el cargo de magistrados, ministros y jueces tengan la calidad, no solamente moral, sino también profesional, y que una vez que hayan ganado se sometan a capacitaciones fuertes antes de tomar protesta del cargo y que tengan un periodo para que sean evaluados.
Asimismo, Godoy mencionó que hay maneras de garantizar que aun cuando no pertenezcan al Poder Judicial tengan toda la fuerza profesional, ética y moral para ser juzgadores. En el tema del respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores “no hay ninguna afectación y jamás se aceptaría una vulneración a los derechos de los trabajadores. Se tienen que hacer reformas legales y darles herramientas a los jueces para que puedan hacer efectivo que los procesos sean rápidos, sin violentar el derecho de defensa y proceso”.
La consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, celebró los Diálogos Nacionales, pues expuso que en un país democrático impera el diálogo, la racionalidad y la libertad de pensamiento y opinión respecto a los asuntos públicos.
“No oigo argumentos ni planteamientos que expresen un posicionamiento favorable en defensa al Poder Judicial; por lo contrario, en la calle, centros de trabajo, oficinas públicas, círculos políticos y academia, no de hoy sino de lustros se vienen acumulando señalamientos que mencionan los desvíos del Poder Judicial y la lentitud en la resolución de los asuntos”, declaró Maya García.
Celia Maya García relató, que “es un poder impasible e insensible a la crítica contra los cambios e impasible ante la desesperación y angustia de la gente que reclama justicia”. “La pésima imagen, su inaceptable imagen que se ha ido conformando en la sociedad, al parecer lo tiene sin cuidado y sin percibir que el pueblo ha emitido un veredicto, el cual consiste en una renovación desde los cimientos y una refundación para que haya en el país una verdadera y eficiente justicia”.
Asimismo, la funcionaria del Poder Judicial enfatizó que la ejecución de la decisión final del Constituyente permanente sobre la reforma al Poder Judicial “generará cuestiones incidentales que requieran soluciones directas que no fueron incorporadas en el texto sancionado”. Y también recomendó que la elección de magistrados se haga por etapas y dijo que no hay duda alguna de una reforma que introduzca en el sistema judicial del país la transformación.
Por su parte, la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez Estrada, expresó que el sistema de justicia en México ha enfrentado críticas en temas de ineficacia, corrupción y falta de transparencia, además, reveló que, según datos del INEGI publicados en 2021, “la impunidad alcanza niveles alarmantes, por lo que la reforma al Poder Judicial es una tarea no solo urgente sino compleja que requiere la participación activa y coordinada de todos los actores involucrados”.
La fiscal de Sinaloa se dijo a favor de que las reformas respondan a las expectativas y necesidades de la sociedad. Y mencionó que el sistema judicial de México enfrenta serios desafíos que impiden su realización, como son retardos procesales, sobrecarga de trabajo y falta de recursos. “La procuración de justicia y la seguridad pública son dos áreas estrechamente relacionadas y de suma importancia en la discusión”, declaró.
También propuso la implementación de tribunales especializados en temas de corrupción, derechos humanos y violencia de género, con el objetivo de mejorar la calidad y rapidez de la impartición de justicia. También destacó el fortalecimiento de las fiscalías, así como dotarlas de mayores recursos que les permitan incrementar el capital humano, profesional y especializado, así como la formación y capacitación continua.
Con información de SPR Informa https://acortar.link/00uv2u
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