Por quebrantamiento de sellos oficiales para continuar con la construcción de un edificio de siete niveles en una zona de anidación de la tortuga marina en Bahía Solimán, Tulum, un juez federal ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentar dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Las denuncias, de acuerdo con el expediente 151/2024 de amparo indirecto que resuelve el Juzgado Octavo de Distrito, son por los delitos de quebrantamiento de sellos oficiales y contra la biodiversidad, luego de que un particular que debió parar las obras por imposición de una clausura no lo hizo.
“Se tiene a la autoridad responsable realizando un informe sobre las acciones tomadas con motivo de la resolución sobre el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida”, se lee en el acuerdo dictado este miércoles.
Este juicio de amparo tiene como autoridad responsable a la Profepa y fue iniciado por la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas) en febrero pasado.
La asociación civil demandó a través del amparo a la dependencia federal porque se negaba a acudir a Bahía Solimán, en Tulum, a supervisar y parar la obra identificada como Adamar Solimán, un condominio de siete niveles que ya se estaba comercializando.
El 7 de mayo, personal de la Profepa acudió al lugar y colocó un sello de clausura; sin embargo, horas después los trabajadores del sitio reiniciaron los trabajos, es decir, quebrantaron el sello.
Dmás promovió entonces diversos recursos para obligar a la Profepa a actuar y dar parte al Ministerio Público sobre la violación de leyes que se estaba materializando en el lugar por estas acciones.
Según expedientes a los que se ha tenido acceso, también se ha solicitado que la Policía de Tulum realice patrullajes necesarios en el sitio.
Este caso salió a la luz pública en noviembre de 2023, cuando vecinos del lugar dieron a conocer que agentes inmobiliarios comenzaron a promocionar el desarrollo inmobiliario Adamar Solimán; sin embargo, sin ningún permiso de impacto ambiental previo porque la obra apenas se estaba construyendo.
Tras interponer la denuncia popular ante la Profepa, la dependencia federal se negaba acudir a verificar, hasta que finalmente fue obligada mediante juicios de amparo porque sigue latente el riesgo de afectación al ecosistema del lugar.
