La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la solicitud de atracción para que sea ésta la que resuelva el otorgamiento de la concesión del servicio de transporte público en Solidaridad, a favor de TUCSA.
Lo anterior, luego que esta empresa tramitó la atracción del amparo en revisión 91/2024 ante la Corte. Con esto, busca que le resuelva la entrega de la concesión del transporte público en Solidaridad, en vez del Primer Tribunal Colegiado de Circuito, de Cancún, que lleva el asunto.
Tucsa tramitó un amparo contra la falta de acordar la petición formulada ante el ayuntamiento de Solidaridad para la entrega de la concesión del servicio de transporte público, porque alega tiene a su favor un contrato de prestación del servicio que fue entregado por Cozumel mucho antes de que Playa del Carmen fuera cabecera municipal.
No obstante, en noviembre pasado el Juzgado Cuarto de Distrito sentenció no amparar al particular; por eso ahora estos medios de impugnación fueron presentados.
“Solicitan a este alto tribunal ejerza su facultad de atracción para conocer del amparo en revisión 91/2024 (no fallado), del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, interpuesto en contra de la sentencia de 23 de noviembre de 2023, dictada en el juicio de amparo indirecto 669/2023 (sobresee y no ampara), por el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Quintana Roo”, se lee en el expediente de atracción 1224/2024 emitido por la SCJN.
El escrito de solicitud de renovación de concesión fue presentado el 12 de octubre de 2022. La respuesta a Tucsa le generó inconformidad porque le negaron la entrega del contrato a su favor. Ante esto inició el juicio de garantías que, hasta ahora, no le ha beneficiado.
De acuerdo con el Registro de Comercio, Tucsa es una sociedad mercantil constituida en Playa del Carmen. Entre los socios figuran algunos integrantes del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río y hasta el ex presidente municipal Román Quiam.
La empresa es objeto de quejas de los usuarios por unidades en mal estado; sin embargo, hasta la fecha ningún gobierno municipal ha emitido convocatoria para su regularización.
