Un probable caso de corrupción ocurre en Bahía Solimán, Tulum, donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se niega a clausurar un megacondominio de siete niveles que se construye sin permisos frente a una zona de anidación de la tortuga marina.
Los inspectores de la Profepa y la Guardia Nacional acudieron el miércoles tras la orden de un juez federal para detener los trabajos, pero se negaron a cumplir el mandato judicial contenido dentro de juicios de amparo indirecto.
Antonella Vázquez Cavedon, integrante de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas), señaló que existe un presunto caso de corrupción en el sitio porque ninguna autoridad en su ámbito de competencia ha querido detener la obra, principalmente la Profepa.
“Es muy dificil pensar que no hay corrupción, tanto del municipio, como de Profepa. Sedetus ni siquiera ha ido y aquí estamos ante un delito urbano y un delito ambiental. Al final dejas un problema para la zona, al final es una especie de asentamiento irregular, aunque este es de lujo”, expuso Vázquez Cavedon.
Los representantes del gobierno federal arribaron el miércoles por la mañana a Tankah IV, donde se ejecutan las obras. Los quejosos llegaron a pensar que definitivamente se iban a detener las obras.
Se trata del desarrollo Adamar Solimán, que la asociación civil señaló de construir a centímetros de una zona de anidación de la tortuga marina, en el área de influencia de la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano.
“Vamos a seguir demostrando al juez de que no se está acatando la orden y que utilice la fuerza pública, es una herramienta que se tiene conforme a la Ley de Amparo”, agregó.
Esta misma asociación civil ha presentado múltiples amparos contra las irregulares actuaciones de la Profepa en esta parte de Quintana Roo, debido a que se niega a suspender proyectos de impacto ambiental que no cuentan con permisos de la Federación.
