Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó los pormenores del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón, Genaro García Luna.
Al respecto, señaló que el “Estado corrupto” se refiere a la construcción e incorporación de los sistemas de corrupción a la gobernanza del país, lo cual se había consolidado durante administraciones pasadas en nuestro país.
La UIF opera en el sistema financiero a través de instrumentos establecidos por la Ley, uno de ellos, el listado de personas bloqueadas, donde se encuentran personas que realizan operaciones irregulares o con presuntos recursos de procedencia ilícita, explicó el funcionario.
En ese tenor, detalló el proceso civil en el que el Gobierno de México reclama 634 millones de dólares a Genaro García Luna, ante una corte en Florida, Estados Unidos, proceso promovido en 2021 mediante el cual se busca recuperar esos activos extraídos de las arcas nacionales.
“Es para resarcir, no sabemos qué parte, lo que le robaron al pueblo de México a través de esta trama de corrupción”, dijo Gómez Álvarez.
Destacó que los recursos en cuestión, pagados por el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN), el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y la entonces Policía Federal eran trasladados a otras partes del mundo.
Expuso a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, empresario que presuntamente fungió como uno de los principales impulsores de la trama de corrupción junto a García Luna.
Con información de Once Noticias Digital http://tinyurl.com/bdhs27sa
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