La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó no atraer la demanda interpuesta por Barcos Caribe contra dependencias del gobierno federal, las cuales revocaron la concesión a la naviera tras la explosión en 2018 en la terminal marítima de Playa del Carmen.
Esta empresa es objeto de investigación por autoridades ministeriales por su probable constitución con dinero público por parte del ex gobernador Roberto Borge Angulo, hoy preso en Morelos.
En 2022, la sociedad mercantil Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, dueña de Barcos Caribe, interpuso una demanda por la vía administrativa en la Sala Regional del Caribe y Auxiliar, de Cancún, contra la Secretaría de Marina y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por el retiro de la concesión de cruce federal de Playa del Carmen a Cozumel, según el expediente 702/22-20-01-8.
De acuerdo con este mismo expediente, el año pasado promovió la facultad de atracción con la cual buscó que la Sala Superior resolviera su caso, argumentando características especiales del mismo. Esta sala es la última instancia en procesos administrativos, con la cual buscó acelerar la resolución de su controversia.
“No se ejerce atracción y se remite solicitud a sección”,
se lee en un acuerdo del 29 de enero pasado publicado en estrados de la Sala Caribe.
El próximo 21 de febrero se cumplirán seis años de la explosión en una embarcación de Barcos Caribe en la Terminal Marítima de Playa del Carmen, hecho que dejó al descubierto una serie de irregularidades de la naviera, la cual presuntamente fue creada con dinero público por el ex gobernador Roberto Borge Angulo.
De acuerdo con datos registrales de la Secretaría de Economía, del Gobierno de México, Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe fue constituida en 2012, en Cozumel.
La empresa ha sido objeto de investigación por autoridades ministeriales estatales y federales. Según el último movimiento registral de la asamblea de la sociedad mercantil, de febrero de 2017, la entonces Procuraduría General de la República solicitó asegurar la empresa para evitar su disolución relacionado con el expediente: FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR/00007-49/2016.
