Ofelia González Whitt, una de las socias principales de la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), logró una suspensión contra cualquier orden de aprehensión, luego del inicio de investigaciones por el delito de administración fraudulenta.
Ella forma parte de la administración de la Derimaya y le pertenecen el 49% de las acciones de la sociedad mercantil; el resto están a nombre del Gobierno del Estado, es decir, el 51%, con el cual es accionista mayoritario.
El pasado 19 de enero, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ejecutó una orden de cateo en las instalaciones de la Derimaya, encargada de la regularización de más de 500 familias en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta.
La medida, obsequiada a fiscales por un juez de control, obedeció al inicio de investigaciones contra integrantes de la Derimaya por el delito de administración fraudulenta.
En este contexto, de acuerdo con estrados federales, Ofelia González se previno y logró una suspensión contra cualquier detención que pudiera ser girada en su contra.
Lo anterior, dentro del expediente de amparo indirecto 1276/2023 del Juzgado Octavo de Distrito.
La medida es contra cualquier acto de autoridad que pudiera provenir de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en su contra. Para el otorgamiento de esta medida cautelar a su favor, según datos judiciales, González tuvo que dejar en garantía la cantidad de 10 mil pesos.
Este día se debió de haber celebrado la audiencia de formulación de imputación por el delito de administración fraudulenta en la Sala de Juicios Orales Penales de Playa del Carmen.
Hasta el cierre de la información, no se ha dado a conocer sobre el resultado de la resolución judicial, la cual podría recaer en un desechamiento de la vinculación a proceso, o bien, en una vinculación, con lo cual se estaría iniciando el proceso penal contra la administración de Derimaya.
La audiencia, según estrados locales, tuvo que celebrarse sin detenidos, pues no existe riesgo de fuga de los posibles implicados en este delito que afecta al patrimonio del estado de Quintana Roo.
