El gobierno federal acusó que la reciente determinación de liberar a ocho militares vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa tiene “razones estrictamente políticas” del Poder Judicial, con lo que evidencia que su prioridad no es la justicia, sino favorecer los señalamientos de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador “protege al Ejército”; esta liberación de militares mina aún más la confianza en el sistema judicial y profundiza las preocupaciones sobre la transparencia y la imparcialidad en el caso Ayotzinapa, dejando a las familias de los desaparecidos y a la sociedad en general en un estado de incertidumbre y frustración.
Anoche, el Ejecutivo fijó su postura tras el fallo favorable a los soldados: “No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”.
Remarcó: “Sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del Presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas”.
La administración federal enfatizó que el caso Ayotzinapa “es un asunto de Estado”, por lo que pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) considerar nuevas órdenes de aprehensión contra los ocho militares y que se agoten todas las líneas de investigación.
Esta posición se difundió en un comunicado de la Secretaría de Gobernación (SG), emitido varias horas después de que el mandatario federal recibió en Palacio Nacional al fiscal para el caso, Rosendo Gómez; al subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Arturo Medina, y a la titular de esa dependencia, Luisa María Alcalde.
Por la mañana, en la conferencia que López Obrador realizó en Querétaro, ante pregunta por la decisión de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo y de un tribunal colegiado, el Presidente apuntó: “Mañana (hoy) vamos a informarles sobre eso, mañana o pasado mañana. Es más, creo que hasta hoy (ayer) mismo en la tarde se va a dar una conferencia de prensa sobre este tema, nada más queremos tener todos los elementos”.
En el comunicado, se enumeraron varios fallos que han favorecido a acusados de los crímenes contra los normalistas: la liberación de 62 implicados que fueron torturados, la no acción contra “torturadores como Tomas ‘N’ (Zerón de Lucio), actualmente prófugo en Israel”, y el intento por liberar al ex procurador Jesús Murillo Karam.
“El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia”.
El gobierno dijo refrendar su compromiso con la legalidad, con el derecho a la verdad y la justicia para las familias. Y concluyó: “La búsqueda continuará hasta encontrarlos”.
Con información de La Jornada http://tinyurl.com/ymzse83f
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