Desarrollos Hidráulicos de Cancún, mejor conocida como Aguakán, logró la suspensión definitiva contra el decreto 195, por lo que el mandato que le retira la concesión de suministro de agua potable en cuatro municipios queda sin efectos hasta que no se resuelva todo el juicio de amparo que tramitó.
El Juzgado Octavo de Distrito, de Cancún, otorgó la medida cautelar a Aguakán luego de la celebración de la audiencia incidental el pasado viernes dentro del juicio de amparo indirecto 1323/2023, demanda que interpuso en diciembre pasado.
El juzgado federal suspendió así cualquier efecto legal que pudiera perturbar la concesión de Aguakán lograda en 2014.
Esto no quiere decir que Aguakán quedó amparada, sólo ganó una medida cautelar a su favor para que mientras dure el juicio de garantías no sea afectada en ninguno de sus derechos ganados y que se materializan en la concesión aprobada por el mismo Congreso del Estado hace ocho años.
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, sociedad mercantil propietaria de Aguakan, interpuso la demanda de amparo indirecto el 27 de diciembre pasado.
Señaló como autoridades responsables al Congreso del Estado de Quintana Roo por haber aprobado el decreto 195 que le retira la concesión.
Asimismo, señaló al Gobierno de Quintana Roo, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y los cuatro municipios donde presta el servicio: Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
En la demanda por la vía constitucional, aseguró que el acto de aprobación del Congreso del Estado le violó diversos derechos fundamentales contenidos en la carta magna, relacionados con el debido proceso y audiencia.
Por ahora, de acuerdo con el expediente de amparo indirecto, se tiene programada la audiencia constitucional que deberá resolver todo el fondo del asunto para el 31 de enero, aunque se prevé que la celebración de este acto procesal se postergue.
Con esto, se espera que el juicio de garantías dure varios meses, e incluso años, tal como es la naturaleza de la demanda de amparo debido a las diversas autoridades responsables que demandó. Luego se sabrá si queda amparada el juzgado federal le niega la protección de la Justicia de la Unión.
Durante la conferencia de la Mesa de Seguridad celebrada este lunes, Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, adelantó que interpondrán un medio de impugnación.
