En el marco del Día del Medio Ambiente, activistas se manifestaron de nueva cuenta bloqueando la entrada a las obras del Tren Maya tramo 5 Sur, ubicadas sobre terrenos ejidales de Playa del Carmen, en donde reclamaron la falta de transparencia ante la ciudadanía en todo el desarrollo de la obra federal, desde permisos hasta el impacto ambiental que tendrá.
Aunque llegó la policía municipal y elementos de la Guardia Nacional, no se reportaron situaciones que lamentar ni altercados, según confirmaron testigos de la manifestación.
Esto sucedió después de que los ambientalistas hicieran una convocatoria directa a la gobernadora Mara Lezama el pasado sábado 3 de junio 2023 en el cenote Dama Blanca, fecha en que además el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Quintana Roo, para sobrevolar los avances del tren maya y el nuevo aeropuerto de Tulum.
Posteriormente, los manifestantes se trasladaron a las instalaciones del planetario Sayab de Playa del Carmen, en donde entregaron un documento a Dolores Barrientos Alemán, quien es la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en los festivales que se están realizando en Quintana Roo, siendo el más destacado el de Bacalar éste 5 de junio 2023.
Dicha petición expone que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) seleccionó este año a Quintana Roo como sede nacional para celebrar el “Día Mundial del Medio Ambiente”, por lo que cuestionaron si la visita podría tratarse de una despedida para los estromatolitos, de los colores de la laguna y del agua de la Selva Maya.
“Disfrutaran del paraíso aplaudiendo como los servicios ecosistémicos que lo crearon son reemplazados por cuartos de hotel y mercancía etnocida. ¿O se opondrán a las vías del desarrollo extractivista que tiene décadas explotando recursos naturales impunemente?”, dice el escrito.
Acusa también que el proyecto ferroviario ha significado la tala ilegal de más de 9 millones de árboles y la apertura de cientos de bancos de materiales para la extracción de sascab, que el daño de los ecosistemas naturales significa la destrucción del hábitat de miles de especies, la desaparición de especies endémicas y la contaminación del acuífero; por lo que para los ambientalistas representa un atentado contra los derechos a un medio ambiente sano y significa la extinción de los territorios comunitarios indígenas.
“Organizaciones indígenas, científicos, investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil de México y del mundo han hecho llamados al gobierno federal para frenar la destrucción ambiental que hoy día se está dando en la Península de Yucatán y el gobierno, a pesar de las alternativas propuestas, indiferente a la ley y sordo a la ciencia impone con urgencia política este pseudo proyecto y todos los demás que arrastra consigo”, subrayan en el documento.
