El Gobierno de Quintana Roo avanza en la lucha contra la concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado, tras detectar irregularidades graves en su operación.
Puntos clave:
Corrupción y prórrogas ilegales: La concesión, que debía terminar en 2023, fue extendida hasta 2053 de manera ilícita. Sobre esto, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, afirmó: “La concesión fue prorrogada de manera ilegal, comprometiendo el futuro del suministro de agua en Quintana Roo. No podemos permitir que los intereses privados estén por encima del bienestar del pueblo”.
Órdenes de aprehensión: Un juez federal giró órdenes contra directivos de Aguakan por lavado de dinero y promoción de conductas ilícitas. Al respecto, Cristina Torres Gómez sentenció: “Quienes se enriquecieron a costa del pueblo deberán rendir cuentas ante la justicia”.
Agua contaminada: Estudios detectaron E. Coli y coliformes fecales en el agua potable y residual, superando los límites permitidos. “No solo es un problema administrativo, es un tema de salud pública. La gente merece agua limpia y segura”, enfatizó la secretaria de Gobierno.
El Gobierno dice NO: Aguakan ofreció vender la empresa al Estado, pero el gobierno lo rechazó, ratificando que la concesión debe terminar. “No negociaremos con quienes violaron la ley. El agua es un derecho, no un negocio”, afirmó Cristina Torres Gómez.
La 4T en Quintana Roo asegura:
“El agua es un derecho, no un negocio”.
“El patrimonio del pueblo no se vende”.
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