Calica logró una suspensión definitiva contra una sanción económica de siete millones 985 mil pesos aparejada a las clausuras impuestas contra la extracción de roca caliza en los predios El Corchalito y La Adelita, al sur de Playa del Carmen, ocurridas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Este miércoles, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), dictó un acuerdo dentro del expediente 73/21-EAR-01-6 de juicio de nulidad promovido en 2021 por la filial de Vulcan Materials Company, con el cual logró la suspensión del pago en tanto no quede resuelto el juicio.
“Se concede la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado respecto de las multas aplicadas en cantidad total de $7’985,053.92, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran”(sic), se lee en el acuerdo dictado el miércoles.
Estos predios fueron clausurados en 2018 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la recta final del sexenio de Enrique Peña Nieto, porque Calica sobrepasó el nivel autorizado de extracción de material pétreo.
Con la imposición de los sellos oficiales, el gobierno mexicano también le exigió el pago millonario como sanción económica.
Asimismo, a partir de estas clausuras, Calica inició el proceso legal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia relativa a Inversiones (Ciadi) con el que reclama mil 500 millones de dólares al gobierno mexicano, por daños y perjuicios que le trajeron estos procedimientos.
La citada sala del TFJA que le otorgó el beneficio a Calica tiene su sede en la Ciudad de México, donde abrió otro frente legal para revertir los actos administrativos que le han impuesto las autoridades mexicanas.
En 2022 fue clausurado el predio La Rosita, también dentro de su zona de extracción. Esto ocurrió ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Con tal sanción quedó frenado cualquier intento de continuar sus labores mineras.
No obstante, en septiembre pasado, Calica sufrió el revés más fuerte porque el Gobierno Federal decretó sus terrenos Área Natural Protegida, un candado legal mucho mayor para detener sus tareas extractivas.
Por este decreto, la empresa anunció una defensa legal más fuerte, aunque hasta ahora no se ha publicado ningún acuerdo judicial relativo a este último acto.
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