Un Tribunal Colegiado de Yucatán declaró infundada una apelación de la Presidencia de la República contra la ampliación de los agravios del Tren Maya en el tramo 5 al considerar que no comprometen la seguridad nacional.
La Consejería de la Presidencia había presentado un recurso de queja contra la ampliación de la demanda del juicio de amparo indirecto 884/2022 que se resuelve en el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán y, que promovieron, buzos espeleólogos, entre ellos José Urbina Bravo, fundador de Sélvame del Tren.
La Presidencia argumentó que las consecuencias de esa ampliación comprometen la seguridad nacional derivado del decreto que emitió el Gobierno Federal para ejecutar la obra sexenal sin ningún contratiempo.
Los quejosos de este amparo interpusieron la demanda originalmente porque los trabajos de desmonte para la obra fueron iniciados sin los permisos en materia de impacto ambiental a finales de febrero de 2022.
En esas fechas, la remoción vegetal fue ejecutada por el consorcio Grupo México Acciona. Inmediatamente los buzos espeleologos demandaron la detención de las labores por la vía del amparo. Un juez federal de Yucatán decretó la suspensión definitiva de las obras, las cuales fueron detenidas de marzo a junio de este año.
Tras la tramitación del cambio de uso de suelos forestales por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la concesión de la anuencia de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las labores fueron iniciadas. Fue entonces que los ambientalistas ampliaron la demanda contra el permiso, que calificaron que fue entregado con irregularidades.
“Es infundado el recurso de queja interpuesta por la (…) Consejería Jurídica del ejecutivo federal contra el auto de veintiocho de junio de 2022, dictado en el juicio de amparo indirecto 884/2022”, se lee en el acuerdo publicado por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo.
Los magistrados argumentaron que los buzos están en su derecho al interponer la ampliación y no forma de un acto diferente al juicio original que pudiera comprometer la seguridad nacional.
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