El Juzgado Octavo de Distrito negó una suspensión definitiva contra la captura de Celia Rangel Gonzalez, involucrada en el desfalco de la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya), por lo que continuará en prisión.
El citado órgano jurisdiccional acordó negar la suspensión de captura y vinculación a proceso en un juzgado estatal de Cancún a principios de mayo.
“Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA a la SUSPENSIÓN DEFINITIVA”(sic), acordó el órgano jurisdiccional federal.
Este acuerdo salió en el contexto de que se busca resolver el conflicto de la Derimaya con el Gobierno del Estado porque éste último acusó a su administración de fraude, precisamente del que fue parte Celia Rangel.
Celia es hija de Ofelia González Witt, principal accionista privada de la Derimaya, de acuerdo con documentos consultados. Celia tramitó un amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso y el decreto de prisión preventiva justificada del pasado 7 de mayo.
Estas medidas se desprenden de la carpeta administrativa con terminación 218/2024 que elaboró la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, cuando fue detenida en el norte del país al tratar de abandonar territorio nacional.
Ella, junto con otra persona, de acuerdo con información emitida por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, están imputadas por el delito de administración fraudulenta en agravio de la Derimaya, una sociedad mercantil creada con acciones del Gobierno de Quintana Roo y la familia Rangel González, con el objetivo de concretar los contratos de compraventa a favor de habitantes de la colonia Colosio, en Playa del Carmen.
El conflicto de la Derimaya y el Gobierno de Quintana Roo inició desde años atrás cuando se ordenó su disolución derivado de que ya se sospechaba que los accionistas menores, que ejercían actos de administración, estaban realizando ejercicios ilegales.
En enero, las instalaciones fueron tomadas y los bienes muebles aseguradis por la Fiscalía General del Estado por el delito de administración fraudulenta.
Los habitantes de la Colosio han demandado por años la regularización de sus terrenos con documentos que acrediten que se trata de propiedades de las familias, pues éstas, pese a haberse celebrado la compraventa, seguían inscritos a favor de la Derimaya.
