El Gobierno de Solidaridad le resta cumplir sólo un punto relacionado con la reparación económica por una recomendación emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) tras la muerte de una persona relacionada con una detención policial en 2020.
Adrián Pérez Vera, síndico municipal, comentó que recientemente recibieron la recomendación del órgano, la cual aún están acatando su cumplimiento.
Están analizando el tema económico a favor de las víctimas, familiares de una persona que falleció tras ser detenida por policías durante la pasada administración municipal.
“Las acciones se dieron en la administración pasada, acciones lamentables donde hablamos de la pérdida de una vida humana (…) estamos en términos para cumplir, vence en agosto. Son seis puntos de esta recomendación, ya se atendieron cinco, falta el tema de la reparación con el tema económico, ya está en pláticas”, explicó Pérez Vera.
La CDHEQROO emitió la primera recomendación del año contra el Gobierno de Solidaridad por abusos policiacos cometidos en la pasada administración municipal, que derivó en el fallecimiento de una persona.
De acuerdo con el resolutivo de recomendación CDHEQROO/01/2024/III sobre el caso de la violación al derecho humano a la vida, el caso es por uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiacos en 2020 en agravio de una víctima de identidad reservada.
Esta recomendación fue emitida por Omega Istar Ponce Palomeque, presidenta de la CDHEQROO, tras más de un año que el órgano había dejado de emitir este tipo de resolutivos.
“Ya se capacitó, se empezó a hacer la investigación correspondiente, faltan los acuerdos finales porque los hijos o familiares de la víctima no están en la ciudad y se va a tener que contactarlos para tener el acuerdo reparatorio”, agregó Pérez Vera.
La víctima fue detenida en octubre de 2020. Días más tarde, producto de los golpes que sufrió a manos de los policías, de acuerdo con el resolutivo, falleció.
Ante esto, el padre del fallecido presentó su queja en octubre de 2020. En un principio la Policía de Solidaridad negó que se hayan ejecutado actos de menoscabo de derechos fundamentales relacionados con la muerte del antes detenido.
