Este jueves cobraron efectos las modificaciones a la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo, luego de la acción de inconstitucionalidad que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero pasado y que invalidó diversos artículos a la norma.
La publicación fue dada a conocer en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. La citada ley había entrado en vigor mediante el decreto número 246 en agosto de 2022.
Inmediatamente cobró vigencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó la norma jurídica porque consideró que el Congreso del Estado de Quintana Roo la elaboró sin tomar en cuenta a la población originaria.
En este contexto, con los efectos de invalidez, resueltas a través de la acción de inconstitucionalidad 135/2022, quedan anulados los artículos 13, 14, 15, párrafo primero, en su porción normativa, es decir, la que regula el actuar de las autoridades respecto a los resultados de una consulta indígena.
Además, se lee en la sentencia, queda inválido el artículo 20, párrafos segundo y tercero, sobre los momentos para realizar consultas indígenas que reduce el número de este tipo de actos a favor de los pueblos originarios.
Los ministros de la Corte emitieron tres votos particulares y concurrentes sobre este caso que buscan quede de antecedentes en situaciones similares que se pudieran resolver para otros estados.
Emitieron estas reflexiones tipo jurisprudencia las ministras: Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Corte, Loretta Ortiz Ahlf y Yazmín Esquivel Mossa
“De hecho, durante la planeación del ejercicio consultivo, solo participaron instituciones estatales y la academia, sin que se diera oportunidad a las poblaciones objeto de la consulta a influir en la forma en que ésta se desarrollaría”, señaló la ministra Ortiz Ahlf.
El proceso de búsqueda de invalidez tardó casi dos años en resolverse tras la interposición de la damada, integración del expediente, su resolución y publicación.
