El trámite de entrega de las instalaciones de la cárcel de Playa del Carmen al Gobierno del Estado se encuentra detenido, debido a que no se tiene certeza del dueño del predio donde se encuentra construido.
De acuerdo con Cecilio Puc Sansores, secretario general del ayuntamiento de Solidaridad, esta situación ha entorpecido el traspaso del Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, el cual administra el gobierno de Solidaridad.
“Estamos viendo la forma de entregarlo al Gobierno del Estado que es el que debería de estar operando estas cárceles municipales. Desgraciadamente lo que nos ha estado quitando, tanto al estado, como al municipio, es la certidumbre legal de quién es el propietario de la parcela”, dijo Cecilio Puc Sansores.
Esta situación no permite llevar a cabo el acto administrativo para trasladar el mando del centro penitenciario a la titularidad de la dependencia competente del Gobierno de Quintana Roo.
Son alrededor de 500 las personas privadas de la libertad que se encuentran recluidas en el lugar, muchas de ellas no cuentan con sentencia por delitos cometidos del fuero común.
En caso de que Solidaridad logre delegar la responsabilidad al gobierno estatal, estaría dejando de erogar alrededor de 30 millones de pesos anuales para la manutención del sitio, recursos que podrían ir a otras áreas de la administración pública local.
“Hay que recordar que el Centro de Retención Municipal también recibe a personas que son detenidas en el municipio hermano de Tulum, Puerto Morelos, algunos que nos envían de Cancún, entonces eso hace que tengamos un número elevado de personas privadas de su libertad”, manifestó.
La cárcel de Playa del Carmen se ubica en los terrenos ejidales, donde luego se ha suscitado controversias por la tenencia de la tierra derivado de que el ejido en muchas ocasiones donó lotes, pero no se logró concretar la enajenación de manera firme de la propiedad desde administraciones anteriores.
