Un juicio contencioso administrativo promovido por Barcos Caribe, naviera ligada al exgobernador Roberto Borge, contra el retiro de su concesión de cruce federal Playa del Carmen-Cozumel fue atraído por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que resolverá si es factible regresarle el permiso.
Desde el 6 de marzo, la máxima instancia en juicio de nulidad administrativa es la encargada de resolver el litigio que mantiene Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, sociedad mercantil dueña de Barcos Caribe, contra varias dependencias federales por la rescisión de la concesión de cruce federal de Playa del Carmen a Cozumel.
De acuerdo con el expediente 707/22-20-01-8 del juicio contencioso administrativo, la demanda se presentó en la Sala Caribe y Auxiliar, de Cancún, el 19 de octubre de 2022. Demandó a dependencias como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Marina Armada de México, que determinaron retirarle la concesión.
La empresa tramitó la atracción desde finales del año pasado, que le fue negada el 29 de enero; no obstante, tras la tramitación de un recurso de impugnación, la Sala Superior decidió atraer el caso porque el actor, en este caso Barco Caribe, alegó que su juicio tiene características especiales.
En un acuerdo dictado este viernes se da a conocer que el proceso legal se regulariza para su resolución.
“Visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa se regulariza el procedimiento del presente juicio y se ordena al actuario adscrito a esta Sala, reexpida la notificación del acuerdo”, se lee en el acuerdo publicado.
De acuerdo con datos registrales de la Secretaría de Economía, del Gobierno de México, impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, fue constituida en 2012 en Cozumel.
La empresa ha sido objeto de investigación por autoridades estatales y federales.
