La inoperancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Quintana Roo nuevamente se pone de manifiesto porque se niega a acatar resolutivos judiciales que la obligan a verificar y sancionar la construcción de un edificio proyectado para siete niveles que pone en riesgo la anidación de la tortuga marina en bahía Solimán, aledaño a la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, en Tulum.
Actualmente el Área Natural Protegida (ANP) se encuentra en peligro porque un particular promueve la construcción de este edificio para el proyecto inmobiliario “Adamar Solimán”, que invade la duna costera, además no cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), se ha verificado.
Los vecinos del lugar, concretamente de Tankah IV, en bahía Solimán, municipio de Tulum, presentaron denuncias populares ante la Profepa porque consideran que esta construcción transgrede su derecho al medio ambiente sano al vulnerar también una extensa área de manglar.
No obstante, la dependencia federal se ha negado a acudir, mientras el particular continúa con la construcción. En este contexto, en enero la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) asesoró a los habitantes del lugar con la interposición de diversos juicios de amparo contra autoridades señaladas como responsables, principalmente la Profepa.
Ellos han sido beneficiados con suspensiones definitivas que obligan a la dependencia federal acudir y parar los trabajos; pero esto no ha ocurrido hasta la fecha.
En entrevista con Antonella Vázquez Cavedon, miembro de DMAS, explicó que el edificio tipo condominio pone en riesgo la anidación de la tortuga marina porque se encuentra a menos de seis kilómetros del núcleo del santuario de la especie Xcacel Xcacelito, además aledaño a la importante reserva de manglar.
“Lo que hicimos fue asesorar a vecinos, que se cuestionaron: cómo puede hacerse proyectos de esta magnitud en una zona tan frágil y lo primero fue pedir los permisos pues como sabemos los permisos de construcción son información pública y accesible. La sorpresa fue que están llevando las obras sin un solo permiso y primero que nada se requiere un permiso e impacto ambiental, ya derivado de eso, necesitarías autorización estatal y municipal; no hay ni uno solo”, explicó la abogada.
Se ha podido constatar, según solicitudes por Transparencia, que el proyecto de nombre “Adamar Solimán” carece de permisos de impacto ambiental de nivel federal, estatal y municipal. Pese a esto, su comercialización continúa en redes sociales.
Los juicios están siendo resueltos en los juzgados Segundo, Cuarto, Quinto, Octavo y Noveno de Distrito, de Cancún, los cuales otorgaron suspensiones definitivas que se han negado a acatar.
