Un juzgado federal de Yucatán advirtió que, en caso de que el gobierno federal, continúe desacatando la orden de detener los trabajos del Tren Maya Tramo 5 Sur, se corre el riesgo de que servidores públicos enfrenten un proceso penal que podría concluir con una pena de hasta nueve años de prisión.
En el expediente 1003/2022 de amparo indirecto que se resuelve en el Juzgado Primero de Distrito, de Mérida, Yucatán, se informa que el gobierno federal aún no detiene los trabajos, a pesar de que los quejosos promoventes de este juicio de garantías lograron una suspensión definitiva el pasado 23 de enero.
Este tramo, de alrededor de 67 kilómetros, corre de Playa del Carmen a Tulum e incluye la estación ferroviaria ubicada en el municipio de Solidaridad.
La medida cautelar se desprende de una ampliación de la demanda original, se ha podido constatar en estrados, interpuesta en abril de 2022. Los ambientalistas demandaron por la vía constitucional a diversas dependencias federales porque lograron la autorización del proyecto en este tramo de manera irregular.
“Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución, inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión (…) No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”, se lee en el acuerdo publicado este martes.
Hasta ahora, se ha podido constatar, los trabajos no han parado. Esto también lo reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Cancún para inaugurar el proyecto.
“En consecuencia de lo ya considerado, se reitera a las autoridades responsables que hasta la presente fecha no han acreditado que se han subsanado las condicionantes ya citadas y por ende, continúan suspendidos los trabajos de construcción y acondicionamiento en el tramo 5 Sur de la obra pública Tren Maya (…) que como se ha visto, no permiten tapar, rellenar u obstruir cenotes, cavernas”, agrega.
El Juzgado Primero de Distrito ha solicitado un estudio de factibilidad que, hasta la fecha, el gobierno federal no ha presentado.
El juzgado federal pidió a los ambientalistas a interponer un recurso de defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, para iniciar el procedimiento contra este incumplimiento.
