Después de la activación de la Unidad de inteligencia Financiera en Quintan Roo, mediante por la incorporación al Código Penal el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Barra de Abogados de la Riviera Maya hizo pública su preocupación por el riesgo de utilización de manera discrecional previo a las elecciones de éste 2024, según informó Leopoldo Cruz Navarro, presidente de dicha organización.
El especialista en leyes aseguró que como lo plantaron los legisladores a nivel estatal no se está manejando como a nivel federal, ya que no se agotan los recursos administrativos antes de acudir a la vía penal, por lo que consideran es excesivo, pues no habrá un procedimiento exhaustivo para verificar si la persona está o no utilizando recursos de procedencia ilícita, corriendo el riesgo de que puede ser usado en forma discrecional con fines políticos.
“No queremos y esperamos que así suceda, que a muchos de lso actores políticos que quieran participar como candidatos y candidatas, el día de mañana se utilicen estos mecanismos de una forma coercitiva para hacerlos a un lado. Por la forma en que está diseñado es discrecional
Explicó que desde el mes de noviembre 2023 presentaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una Petición de Acción de Inconstitucionalidad para echar abajo la reforma, pero no han tenido respuesta por parte del órgano.
Subrayó que del análisis, estudio y discusión que realizaron los integrantes de las Barra de Abogados, la conclusión común de que la finalidad de la incorporación al Código Penal del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene un propósito totalmente distinto al de remediar una problemática que no haya sido posible atender mediante mecanismos alternos o inclusivo de índole administrativa, previo a su punibilidad por la vía penal.
“Circunstancia que genera preocupación entre los profesionales del derecho de esta localidad y de la entidad, dado que, al tergiversarse el espíritu al que debe estar verdaderamente, deba estar dirigida la reforma, implique de facto la discrecionalidad con la que el tipo penal vaya a ser empleado por las autoridades locales, verbigracia, como mecanismo coercitivo a modo para, entre otras cuestiones, socavar o anular los derechos fundamentales de los ciudadanos quintanarroenses. Incluyendo los inherentes a toda persona para votar y ser votado en los periodos de renovación de los integrantes de la Legislatura, de los Ayuntamientos locales, así como de quien encabece la titularidad del Poder Ejecutivo del estado o de alguno de sus órganos constitucionalmente autónomos”, finalizó Cruz Navarro.
