Aguakan solicitó la protección de la justicia federal contra el decreto aprobado por el Congreso del Estado de Quintana Roo que le retira la concesión del suministro de agua potable en Solidaridad, a partir de este domingo.
Lo hizo a través de una demanda de amparo indirecto contra el decreto 195 que aprobó la legislatura para terminar de manera anticipada la concesión, la cual tenía un plazo original de término hasta el año 2053.
El Juzgado Octavo de Distrito, de Cancún, solicitó los informes previos al Congreso para determinar si concede alguna suspensión provisional en una audiencia incidental programada para el 4 de enero, de acuerdo con el expediente 1323/2023 de amparo indirecto.
En caso de ganar la suspensión, quedará sin efecto el decreto 195 mientras se resuelve todo el juicio de garantías por el citado juzgado federal.
La concesionaria alega que se le están violando derechos humanos contenidos en ocho artículos constitucionales. Todos estos relacionados principalmente con el debido proceso y el acceso a la justicia.
Aguakan cumplió nueves años durante este diciembre de brindar el servicio en Solidaridad, luego de la aprobación del Cabildo local en 2014 bajo condiciones irregulares.
En los siguientes meses se esperan aún otras acciones en tribunales civiles y administrativos, con las cuales la concesionaria buscará por diversas vías mantener el control del suministro de agua potable no sólo en Solidaridad, sino en otras partes de Quintana Roo, como Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
