El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano se opone por todos los medios que la ley le otorga a la imposición de iniciativa para modificar la Ley de Hacienda de los municipios, en la que se pretende añadir un artículo que vincule la concesión de una licencia de funcionamiento comercial, al hecho de tener firmado un convenio con alguna de las sociedades de gestión colectiva que representan autores y compositores.
Acusan que se trata de una medida arbitraria y solicita a los legisladores que se opongan a la aprobación de la iniciativa presentada por el diputado Hugo Alday, y que ha recibido el rechazo de diversos sectores de la iniciativa privada, principalmente del sector turístico.
El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano conformado por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, la Asociación de Hoteles de Tulum, la Asociación de Hoteles de Cozumel, la Asociación de Hoteles del Sur de Quintana Roo, la Asociación de Hoteles de Costa Mujeres, la Asociación de Hoteles de Holbox y la Asociación de Clubes Vacacionales, denunció que ésta iniciativa violenta la ley.
“De ninguna manera se puede coartar el derecho constitucional de los actores empresariales a ejercer su función de crear riqueza y desarrollo, condicionándolo a que tengan un convenio con una asociación de índole privado cuyos medios de cobro, si es que les asisten, se deben realizar y demostrar en los tribunales de orden civil”, recalcó Toni Chabes, presidente de la asociación de hoteles de la Riviera Maya.
En rueda de prensa los integrantes del organismo representante de más de 125 mil habitaciones en Quintana Roo, acusó que el legislador no puede de ninguna manera obligar a un comerciante a firmar un contrato con otro particular para permitirle funcionar, las relaciones comerciales entre particulares se dirimen en el orden judicial.
“No queremos entrar en las razones por la cuales se presenta esta iniciativa, en la que se pretende favorecer a unos particulares y otorgarles el peso y el status de autoridad que emita requisitos para validar o no a las empresas a realizar su función, pero esta iniciativa es violatoria del principio de igualdad, no se puede imponer a una empresa la obligación de firmar un contrato con otra y mas cuando esta otra no ha demostrado la verosimilitud de su reclamo como lo demuestra buscando esta argucia política para conseguir lo que pretende”, dijo Jesús Almaguer, dirigente hotelero.
Subrayaron que ante las inconsistencias de los reclamos de estas sociedades de gestión para hacer valer sus derechos se pretenden que el poder político al servicio de sus intereses les facilite los que no han podido conseguir por la vía legal.
